El Proyecto Minero “Mirador” está viciado de corrupción e impunidad, adolece de inconstitucionalidad e ilegalidad por incumplimiento del mandato minero que la Asamblea Constituyente en abril de 2008 expidió, el mandato minero en su Artículo 3 dispone “Se declara la extinción sin compensación económica alguna de las concesiones mineras otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la autoridad competente, y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua” . Así como aquellas que acaparen tierras porque una misma empresa y sus subsidiarias tengan más de tres concesiones, o por no haber ejecutado la consulta previa libre e informada, lo confirma un Informe Final de la Contraloría General del Estado, publicado en septiembre 2013.

Esto implica la reiterada violación de derechos fundamentales del pueblo y de la naturaleza, esto es que el Proyecto “Mirador” está en 227 fuentes de agua con biodiversidad endémica y frágil ubicada dentro del bosque protector Cordillera del Cóndor y dentro la franja de seguridad nacional que limita con Perú, incumplió la consulta previa libre e informada a pueblos y nacionalidades indígenas y/o consulta ambiental, en la adquisición de territorios, no se cumplieron los planes de manejo ambiental en la parte pertinente al Programa y Negociación de Tierras, del Plan de Manejo Ambiental y del Estudio de Impacto Ambiental, normativa de estricto cumplimiento; se aprovecharon de la ignorancia de los comuneros e hicieron caso omiso los planes presentados a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas en el año 2006.

Descubierto el atraco la empresa minera reconoció culpabilidad, pero se volvió a burlar de la comunidad engañándoles y dejándoles una vez más en la indefensión. Se realizó las denuncias respectivas tanto en el Ministerio de Minas y luego en Ambiente, pero todo fue vano porque sesgaban el problema aduciendo que no era competencia de ellos el engaño y que actuemos por vía civil, cuando la ley determina categóricamente que los incumplimientos a los planes de manejo ambiental y social son de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Ambiente.

Los desplazamientos forzados y violentos a nuestro entender son acciones emanadas desde el Gobierno Nacional, duele e indigna al pueblo, porque ha sido como una respuesta del gobierno frente al ejercicio de nuestros legítimos derechos; como familias que históricamente vivimos haciendo frontera viva en la Cordillera del Cóndor. En este caso exigimos la nulidad de las concesiones y las servidumbres realizadas en el marco del Proyecto Minero porque fueron inconsultas.

Exigimos la medida de justa reparación integral por daños a las comunidades y a la naturaleza. Exigimos una justicia independiente, transparente e imparcial y decisión política para cambiar el modelo económico basado en el extractivismo perverso y corrupto por un modelo económico sustentable, basado en la producción agropecuaria orgánica, limpia, libre de contaminación, turismo comunitario, conservación de los ecosistemas endémicos, que aportarán al presupuesto General del Estado y garantizamos la vida, protegiendo los derechos fundamentales para alcanzar el buen vivir.

La lucha es por defender la selva viva que nos da la vida, en este sentido continuaremos en la resistencia hasta las últimas consecuencias, aunque hemos perdido nuestras viviendas y parte de nuestro territorio, pero tenemos dignidad y exigimos, libertad, la restitución de nuestro territorio y el cese de las actividades extractivas en la Cordillera del Cóndor, para ello nos fortaleceremos con la ayuda de las organizaciones aliadas a nivel nacional e internacional, hasta recuperar la casa común.

Las prácticas perversas de la minería es dividir al pueblo y lograr enfrentamientos entre familiares y entre organizaciones, así como la división y debilitamiento de la comunidad, hasta la ruptura del tejido social; sin embargo, nuestro gobierno indígena comunitario basado en un modelo de participación directa, cumpliendo el mandato de la asamblea como su máxima autoridad, a diferencia del gobierno estatal que elige un representante a que gobierne en nombre del pueblo, ha logrado resistir y fortalecerse política y organizativamente en el territorio, aunque algunas familias estamos despojados del territorio seguimos luchando en su defensa, el agua y la naturaleza, convencidos que en la cordillera del cóndor nace la gran cuenca amazónica, reconocido porque es el pulmón del mundo.

Reiteramos la exigencia por la restitución de nuestro territorio y elevamos el grito al mundo “únete a defender la selva viva fuente de vida” esto contribuye al fortalecimiento de la organización y la defensa por ello resulta indispensable disponer de un territorio mínimo para ejercer los derechos como pueblo y fortalecer la resistencia en defensa de la casa común (pachamama).

Exigimos como comunidad que se repare el daño causado a los patrimonios del territorio ecuatoriano; tales como, la cultura, la biodiversidad endémica, el agua, los vestigios arqueológicos destruidos por la minera de capital chino CRCC subsidiaria EcuaCorriente S.A. sin el consentimiento del pueblo.

El problema central es los despojos causados por la minería y por orden del gobierno nacional, estos han dejado a más de 50 familias sin su medio de trabajo que es el territorio donde desarrolla su entorno de vida y produce su chacra, cría sus animales, pesca, caza, ejerce su espiritualidad e identidad, protege el agua como medio de supervivencia. El gobierno carece de un plan alterno de vida digna acorde a la cosmovisión y cosmovivencia de los pueblos y nacionalidades. El Gobierno nacional utiliza diversas figuras de despojos al pueblo violando los derechos humanos y colectivos e inclusive normativas internacionales, tal es así que el gobierno ha creado de manera inconsulta la ley de aguas, ley de tierras, ley de minería, entre otras que legalizan el despojo para dar paso a la minería a gran escala de capital chino.

El pueblo requiere de manera urgente inversión en proyectos alternos que generen trabajo y garanticen la supervivencia de las familias y que fortalezca la lucha por la defensa del territorio y el agua.

El pueblo exige que se garantice las fuentes de trabajo como herramienta de las familias para la supervivencia, en vez de entregar demagogias y migajas que limitan el desarrollo sostenido con dignidad y libertad de los pueblos, al contrario estos se convierten en dependientes.

La minería está destruyendo los lugares sagrados de la nacionalidad shuar en caso de Tundayme la cascada del Wawaim, el Kiim, Manchiñias, entre otros; así como el bosque y la biodiversidad de la cordillera que tiene ecosistemas endémicos, frágiles e innumerables fuentes de agua. La minería requiere la tierra para hacer la minería por eso han levantado los vestigios arqueológicos de la parroquia Tundayme sin consentimiento del pueblo.

DURANTE MAS DE 40 AÑOS EL EXTRACTIVISMO HA DEMOSTRADO CON HECHOS QUE CAUSA CORRUPCION Y EMPOBRECE AL PAIS, esto prueba que la tecnología de punta reduce la utilización de mano de obra a cambio del uso de sofisticadas maquinarias (robots) que benefician a los inversionistas a que acumulen capitales desmedidamente en tiempos record, sin importar la destrucción de la naturaleza. Los megaproyectos son monopolios que concentran el capital en pocas manos y generan corrupción, AUTORITARISMO.  En cambio los CAPITALES destinados a pequeños emprendimientos se distribuyen en las manos de muchas familias que tienen sus capitales para producir, pero utilizan la mano de obra de sus familiares y su pueblo, esto genera dinámica de su economía y por ende del país, aumenta las fuentes de trabajo y el capital está seguro en muchas manos de todas las familias del pueblo que garantiza la producción y enriquecen al país y disminuye la corrupción.  

Exhorto a la Asamblea Nacional a que cumplan con su función de fiscalización de manera independiente, imparcial y transparente y la legislación sea basado en la realidad y requerimientos del pueblo, no más leyes de escritorio que garantizan la corrupción y la impunidad.   

 

Gobierno de la Comunidad Indígena “cascomi”

Luis Sanchez Zhiminaycela

Jatun Kuraka  

Contacto: 0939581271