PRESENTACIÓN
En el 2001, Oxfam América elaboró la publicación Sectores extractivos y pobreza en la que su autor, Michael Ross, académico de la Universidad de California, después de analizar las actividades extractivas en casi una centena de países, sostenía que aquellos que apostaban por las actividades extractivas de petróleo o minerales y llegaban a ser dependientes de sus recursos, se veían abocados a una serie de problemas como: 1) no solo no aliviar la pobreza, sino empeorarla; 2) sufrir con altos índices de mortalidad infantil y desnutrición; 3) disminuir la inversión en salud y reducir los niveles de matrícula escolar empeorando el analfabetismo; 4) incrementar el endeudamiento externo, la corrupción, el autoritarismo, un elevado gasto militar y la violencia armada; 5) tener dificultades para diversificar la economía con otros sectores productivos que favorezcan a poblaciones empobrecidas y 6) generar una serie de problemas sociales y medioambientales en las poblaciones donde se realizan, señalando, enfáticamente, que estas operaciones que llevan a la expropiación de tierras, daños socioambientales y violaciones de los derechos humanos, pueden generar protestas que lleven a un conflicto armado.
A pesar de haberse anunciado hace ya casi dos décadas, parece no haberse aprendido nada y esto lo explica el mismo Ross (2001) advirtiendo, que si estas actividades se siguen impulsando es porque son fundamentalmente rentables para empresas, políticos, burócratas y, especialmente, para el Banco Mundial que las promueve, aunque sean “desastrosas para la población de muy bajos recursos”.
Para imponer estas políticas extractivas, sin consulta previa, a la fuerza, expropiando tierras, comprando de manera mañosa y despojando a la población de sus medios de vida, Edgar Barredo, en su obra “De Macondo a Mancuso” señala que la estrategia que se aplica en Colombia es la de la represión política, que por diferentes medios lo que busca es el respaldo de la población urbana, al despojo rural y al sacrificio, pues en estas zonas se aplica primero una respuesta persuasiva de presencias militares que condicionen el pensar; de ahí se sube la escala entrando a las casas de la población, para que la respuesta sea emocional o sugestiva y finalmente, si con ello no se consigue la obediencia de la población, la escalada lleva a la acción compulsiva que busque la salida de la población impulsada por el instinto de sobrevivencia ante la agresión a los cuerpos o su encarcelamiento.
Esta guerra psicológica, como la define Barredo, busca aplicar “aquellas acciones generadoras de miedo y terror generalizado que buscan someter y ganar, en general, la obediencia de la población civil, para lo cual ocultan sistemáticamente la verdad” (p. 57-58), llevando a la población a un “fatalismo” que se instala de manera automática en las personas obligadas a la sumisión, la obediencia y el conformismo, que diría Martín Baró. Es en estas condiciones que existencia y resistencia podrían calificarse como sinónimos de una misma situación.
La Herida abierta del Cóndor es un registro pormenorizado de las violaciones de derechos humanos cometidos en esa cordillera a favor de una empresa minera, buscando que se conozca la verdad, que no se oculte y que, más pronto que tarde, unas instituciones públicas con conciencia, puedan valerse de ellas para aplicar la justicia que se requiere y la reparación que se necesita.
Llegar hasta aquí no ha sido fácil, las autoras sufrieron, meses antes de su publicación robos en sus domicilios que extrajeron la información que se sabía iba a ser publicada, meses después se inicia un operativo de disolución de Acción Ecológica cuando ésta solicitó para la zona “un baño de paz y de verdad” en una zona militarizada con la excusa, siempre dolorosa, de un policía fallecido en una acción no suficientemente esclarecida. Pero no se tuvo el mismo rasero y no se militarizó la empresa minera, ni se le privó de la libertad o los permisos de acción cuando fueron asesinados dirigentes opuestos a
estas actividades, entre ellos José Tendetza.
La Herida abierta del Cóndor, no solo describe el tiempo desangrado, la profundidad de la injusticia o la inmensidad del dolor, sino que muestra la llaga, con lujo de detalles para que quien se acerque a ella pueda meter los dedos y creer que lo que se dice es cierto, está documentado y será un elemento de prueba cuando la justicia lo requiera.
Esta herida duele más porque se da en un territorio ancestral, señalado por algunos como la cuna de la civilización ecuatoriana, como la que da identidad y personalidad a toda una nación y porque quienes la colonizan solo la ven como ese espacio explotable y sacrificable por su valor crematístico. La Herida abierta del Cóndor es la publicación más reciente del Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial del Ecuador. Un colectivo que no te deja indiferente porque desde sus orígenes ha señalado y probado lo que denuncia con lujo de detalles, fotografías, documentos contrastados, versiones de las personas afectadas y señalamientos directos. Su primera publicación: Estrategias de Represión y Control Social del Estado ecuatoriano. ¿Dónde quedó la Constitución? Caso Yasunidos del año 2015, mostraba los vericuetos de un poder dispuesto al fraude antes que dejarse doblar la mano de la participación de la población en una consulta popular; los hechos descritos pasarán a la historia como un capítulo de vergüenza nacional en el que estuvieron implicadas varias funciones del Estado.
Le siguieron, como parte de esa línea de denuncia de impactos psicosociales: Intag, una sociedad que la violencia no puede minar. Informe Psicosocial de las afectaciones en Íntag provocadas por las empresas mineras y el Estado en el Proyecto Llurimagua (2015); Un informe urgente de agresiones denominado Informe sobre las estrategias estatales de control social y represión en el marco del Paro Nacional en Ecuador (2015), que pretendieron descalificarlo desde las altas esferas del poder.
