La mayoría de los préstamos, la inversión directa y el comercio entre China a América Latina y el Caribe (ALC) se han canalizado hacia la extracción de recursos naturales, la infraestructura y la exportación de materias primas, lo que ha dado lugar a conflictos ambientales y sociales agudos principalmente relacionados a la construcción de hidroeléctricas, y a la extracción de recursos naturales incluidos los minerales y el petróleo.
Los conflictos podrían crecer en las próximas décadas, ya que China conjuntamente con los gobiernos en la región, han acordado una serie de acuerdos regionales y bilaterales de largo plazo que priorizan la cooperación en los sectores de infraestructura y en el desarrollo de proyectos extractivos; China ha establecido una “hoja de ruta” política y económica que se expresa el Documento de Política China para ALC (2016), y el Plan “1+3+6” (2014) el cual presenta los sectores prioritarios y los vehículos de inversión chinos.
Además, tanto China como los países latinoamericanos han señalado con gran entusiasmo su deseo de incorporar ALC a la iniciativa china Un Cinturón, Un Camino (UCUC). El UCUC es la iniciativa más importante en la historia de la humanidad mediante la cual se impulsará el desarrollo de infraestructura terrestre y marítima que articule los centros de extracción de recursos naturales, con los industriales y de consumo.
Sin embargo, las implicaciones ambientales y sociales del financiamiento chino han estado prácticamente ausentes en la agenda de la cooperación con ALC. Esta falencia se torna aún más grave al notar que muchas inversiones chinas
afectan importantes áreas naturales y culturales, muchas de ellas incluso protegidas bajo instrumentos y leyes nacionales e internacionales.
Al mismo tiempo, es importante mencionar que durante los últimos años el gobierno chino ha sido proactivo en crear leyes para para proteger las fuentes de agua, el aire y el suelo, y varios mecanismos punitivos contra los contaminadores a nivel doméstico. En la esfera global, China también ha dado un salto importante, especialmente en el marco de las negociaciones internacionales sobre cambio climático y se ha convertido en un líder en la producción de energía solar a nivel global. En la misma línea, cuando China lanzó su estrategia “salir afuera” en el 2000, varias entidades chinas empezaron a promulgar lineamientos para orientar, promover y controlar el flujo de inanciamiento chino en el extranjero, muchos de ellos con contenidos ambientales y sociales importantes.
A pesar de que la mayoría de los lineamientos son generales y no vinculantes, varios señalan la importancia de evaluaciones de impacto ambiental y social ex-ante y ex-post, y de que exámenes de debida diligencia sean elaborados por evaluadores independientes; otros hablan de la obligación de respetar los derechos de los trabajadores; de hacer que la información esté disponible al público y de que se establezcan oportunidades para la participación social. De hecho, establecer estándares ambientales y sociales para las operaciones en el extranjero no es una práctica común, ni siquiera entre los países desarrollados. En este sentido, China está muy adelantada, al menos en el papel, en reconocer que sus nacionales tiene un rol en evitar y minimizar los impactos negativos de sus inversiones fuera de China.
Los lineamientos ambientales y sociales chinos aparecieron a mediados de la década de 2000, y sus contenidos van
mejorando con el tiempo, algunos ejemplos son: (i) la Directiva de Crédito Verde (2012) que señala que las instituciones bancarias deben garantizar que la diligencia debida sea “completa, exhaustiva y detallada”; (ii) las Directrices para la Responsabilidad Social en Inversiones Mineras en el Exterior (2014) establecen que las compañías mineras deben respetar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales afectadas por nuevas operaciones; (iii) la Guía de Gestión de Riesgo Ambiental para las Inversiones Extranjeras de China (2017) señala que el análisis cuantitativo de los costos y beneficios ambientales debe ser parte del proceso de toma de decisiones de inversión; y (iv), la Normalización de las Empresas de Servicios Bancarios para Salir y Fortalecer las Orientaciones de Control y Prevención de Riesgos (2017) insta a las empresas chinas a establecer un mecanismo de
respuesta para tratar las quejas de individuos, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas.
Además, los lineamientos chinos al adjudicar responsabilidades a las entidades chinas y promover la participación social desafían por lo menos 3 presunciones generalizadas que han socavado la posibilidad de demandar de las entidades chinas un mejor desempeño ambiental y social. Estas presunciones son: (i) que los bancos y las compañías chinas no tienen estándares ambientales y sociales propios; (ii) que las entidades chinas sólo se relacionan con las agencias gubernamentales del país anfitrión siguiendo el “principio de no interferencia” el cual constituye un pilar fundamental de la política exterior china; y (iii), el “enfoque deferencial”, lo que significa que las empresas y bancos chinos se centrarían exclusivamente en el cumplimiento de las leyes nacionales sin considerar ningún compromiso adicional propio.
Sin duda, el contar con lineamientos ambientales y sociales chinos no ha significado que los proyectos chinos sean mejor manejados. Hoy por hoy, los lineamientos chinos están sólo en el papel. Para que esto cambie, las organizaciones sociales deben conocerlos y exigir su fiel implementación. Este Manual es una herramienta óptima para alcanzar tales objetivos.
Manual sobre lineamientos ambientales y sociales chinos para los préstamos e inversiones en el exterior
